Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas Europeo  es una de las cinco instituciones de la Unión Europea. El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea confía al Tribunal de Cuentas la tarea principal de controlar la buena ejecución del presupuesto de la Unión Europea con la doble perspectiva de mejorar sus resultados y de rendir cuentas al ciudadano europeo de la utilización de los fondos públicos por las autoridades responsables de la gestión.

El Tribunal de Cuentas está compuesto de un colegio de 25 Miembros procedentes de los 25 Estados de la Unión y a los que se nombra para periodos de seis años. Todos ellos deben ofrecer garantías de independencia y contar con cualificaciones específicas en el ámbito de control externo de las finanzas públicas. El colegio elige a su Presidente para un mandato de tres años.

Además, el Tribunal de Cuentas dispone de una plantilla de aproximadamente 750 agentes altamente cualificados procedentes de los 25 países de la Unión, de los cuales unos 350 son auditores.

El Tribunal de Cuentas controla la legalidad y la regularidad de los ingresos y gastos del presupuesto de la Unión Europea. Comprueba también, y principalmente, la buena gestión financiera, es decir, se asegura de que se hayan alcanzado los objetivos de gestión, evaluando en qué medida y a qué. El Tribunal de Cuentas garantiza así al ciudadano europeo que el presupuesto de la Unión Europea ha sido gestionado y ejecutado de forma regular y con la mayor eficacia posible.

El Tribunal de Cuentas puede controlar cualquier organismo o persona que gestione o reciba fondos comunitarios. Controla, especialmente, las instituciones y organismos comunitarios, las administraciones nacionales, regionales, locales, así como los beneficiarios finales de ayudas comunitarias.

El Tribunal de Cuentas informa al ciudadano europeo sobre su actividad y los resultados obtenidos de forma objetiva y con total transparencia, especialmente a través de sus informes y publicaciones. Además, los informes del Tribunal de Cuentas Europeo dirigen la atención de las instituciones comunitarias y del ciudadano europeo hacia los problemas que la Comisión y las autoridades concernidas de los Estados miembros deberían esforzarse por resolver. De esta manera se permite una mejora de los sistemas de gestión y de control, así como la consiguiente utilización más racional de los recursos financieros comunitarios.

Aunque el Tribunal de Cuentas no dispone de un poder jurisdiccional propio, cuando sus auditores descubren fraudes o irregularidades, o bien indicios de fraudes, se transmite la información obtenida con la mayor rapidez posible a los órganos comunitarios competentes para que procedan de la forma más oportuna.

La independencia del Tribunal de Cuentas respecto a las demás instituciones comunitarias y a los Estados miembros garantiza la objetividad de sus funciones de control.